Adulto mayor se encuentra arraigado, su delito pedir tierras

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Vinicio Portela Hernández (Agencia 55)
Hace apenas unos días el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda y Roberto Capa Cifran, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, realizaron un acto donde pidieron “perdón” públicamente a 25 campesinos por su encarcelamiento y tortura por parte de la anterior Administración.

En un boletín informaron que la detención y su reclusión fueron injustas las cuales fueron documentadas y analizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que esto derivó en sendas recomendaciones al Gobierno del Estado.
Sin embargo, este tipo de prácticas judiciales continúan siendo parte de los usos y costumbres de los jurisconsultos, los cuales son los que ordenan las aprehensiones y hasta los arraigos, los cuales, estos últimos, se encuentran abolido desde el 2011.
Según el Cuadernillo en la Mesa de Reconciliación 444, Enrique López Ruíz, que en ese momento era el Secretario General de la Organización de la Unión Campesina, Obrera, Popular, Indígena (UCOPI), en el mes de Abril de 2013, realizó gestiones ante la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para que por la vía de terrenos nacionales de acuerdo a la Ley Agraria en vigor, se regularizara a favor 52 campesinos una superficie de 250 hectáreas, en el municipio de San Fernando, instaurándose el expediente número 4541/2013.
Por lo anterior la SEDATU publicó en los estrados de la Presidencia Municipal, en un periódico, el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el Diario Oficial de la Federación los avisos de deslinde para que todo aquel que tuviera derechos sobre dicha superficie compareciera ante esa dependencia para hacer valer sus derechos.
Pasado el término, la autoridad agraria ordenó el levantamiento topográfico del referido inmueble rústico, ya que ninguna persona física o moral realizó ningún reclamo de derecho alguno sobre los terrenos que solicitaron los campesinos, por lo que el 11 de Diciembre de 2013 tomaron posesión de las 250 hectáreas.
Sin embargo, pese a que los trámites legales señalaban que fueron beneficiados con forme a la ley, por ser terrenos nacionales libres de ocupación, luego del término aparecieron supuestos propietarios, los cuales presentaron denuncia penal por el Delito de Despojo y Daños, por lo que se aperturaron los Expedientes Penales 80/2014 y 81/2015 lo que llevó a que Enrique López Ruíz fuera detenido con tres compañero más.
López Ruíz, ahora de 71 años de edad, lleva casi cinco años arraigado en su domicilio, una choza rústica construida con desechos de materiales, sin servicios básicos, sufriendo por la escasez de alimento y por esa misma circunstancia se ha deteriorado su salud.
Ahora los terrenos en litigio se encuentran invadidos por campesinos afiliados a la MOCRI, cuyos dirigentes responden a los nombres de Aristeo Gómez Cruz y Alfonso Ceja Chávez, cuando legalmente pertenecen a la Unión Campesina, Obrera, Popular Indígena.
Ante esta clara violación a los Derechos Humanos cometida en contra de Enrique López Ruíz, la autoridad deberá realizar de manera inmediata la valoración de libertad, ya que el estado de salud del campesino indígena se encuentra muy deteriorado, al grado que la negligencia de los Jueces puede llevar a la muerte a esta persona.
Este es un caso donde la Mesa de Reconciliación debería actuar de manera urgente, ya que sí esperan a los reflectores, los micrófonos y las cámaras estarían realizando un velorio y no una libertad. Este apenas es un caso de los muchos que hay, donde se espera que sea políticamente oportuno pedir perdón y dejar en libertad a inocentes, en vez buscar la justicia oportuna y expedita para los ciudadanos.
¿Cómo lo ve?

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